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El evento está abiero para todo público
jueves, 4 de agosto de 2011
El CEPIG organiza el "Primer festival de recuperación de música autóctona del pueglo Gwarayu"
El Consejo Educativo del Pueblo Indigena Guarayo (CEPIG), con el objeto de fortalecer la cultura propia paticipa en la realización de la primera versión del Festival de recuperacion de la musica autóctona de del pueblo Gwarayu. Este festival esta siendo organizado con el apoyo de la COPNAG y la Gobernación de Santa Cruz con la participación de los tres municipios de la provincia Guarayos (Ascensión, Urubicha y El Puente).Asimismo, este evento tendrá lugar en Ascensión de Guarayos el 20 de octubre de 2011, en esta fecha también se celebra el dia de la Tradición Guaraya.
miércoles, 3 de agosto de 2011
Universidades privadas de Bolivia serán evaluadas por el Gobierno
Las 39 universidades privadas en Bolivia serán evaluadas desde fin de mes o principios de septiembre, para establecer sus actuales condiciones legales, académicas y de infraestructura, informó hoy el director de Educación Superior Universitaria, Juan Carlos Carrasco.
"Hemos identificado a algunas universidades con mayores dificultades, algunos reclamos y quejas de los estudiantes y de la sociedad. Le vamos a poner énfasis a esas universidades", manifestó.
Explicó que el proceso comenzará con siete casas de estudios superiores que cuentan con más problemas por denuncias de sus usuarios o personas externas sobre sus ofertas y servicios, entre otros parámetros.
Dijo que la evaluación pondrá énfasis en la revisión de documentación legal, las normas institucionales internas y la estructura organizativa, así como en las condiciones físicas y de equipamiento.
Agregó que se incluirá una revisión de las condiciones de los diseños curriculares y programas en cuanto a vigencia y actualidad académica.
"Por otra parte nos vamos a concentrar en cómo se está desarrollando el proceso como tal, eso significa revisar las actividades de enseñanza - aprendizaje de aula, las extra aula y la parte investigativa", añadió.
El proceso tomará en cuenta, además, la verificación de la parte de extensión hacia la comunidad, el área práctica de los estudiantes, y finalmente el cumplimiento del perfil de los docentes.
El Director de Educación Superior Universitaria manifestó que se manejarán los resultados de la evaluación en tres etapas de aplicación, de corto y mediano plazo.
La primera se referirá a una posible prohibición de que se continúe la matriculación de nuevos estudiantes hasta se superen las dificultades encontradas.
La segunda se delimitará a hacer recomendaciones para mejoras en algunos aspectos académicos, en meses o un par de años, sin que se limite la posibilidad de recibir a alumnos.
La tercera se restringirá a validar el cumplimiento de las condiciones mínimas exigidas a las casas de estudios superiores que no tengan problema alguno.
De acuerdo con Carrasco, la evaluación se hará con el apoyo de la normativa vigente, mientras se aprueba el reglamento general de universidades privadas hasta mediados del próximo mes.
Los datos oficiales establecen que hay 39 universidades privadas con funcionamiento legal en Bolivia.
Se trata de 29 casas de estudios superiores, que cuentan con 10 subsedes que operan casi de manera autónoma.
Dos entidades académicas tienen sus papeles en trámite y en un mes o dos obtendrán sus autorizaciones de funcionamiento.
Fuente: EL DEBER
Colonizadores nos venden sus tierras
El megaproyecto carretero, de más de 450 millones de dólares, devela diferencias entre indígenas, interculturales y campesinos.
El presidente de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (Cidob), Adolfo Chávez, reveló a La Prensa que los colonizadores, al igual que muchos campesinos, no cuentan con tierras de cultivo porque, en su intención de adquirir más capital, se las venden a los indígenas.
RECLAMOS SIN FUNDAMENTO. El líder indígena citó que “ellos, como siempre, nos venden tierras, y por eso les va a faltar todo el tiempo a los interculturales y a los campesinos. Eso está claro y no tiene sentido su reclamo”.
Chávez se refirió a las demandas de la Confederación Sindical de Campesinos Interculturales de Bolivia (CSCIB), que a través de su secretario general, Gustavo Aliaga, acusó a los afiliados a la Cidob de acumular gran cantidad de tierras.
La Prensa consultó el lunes a Aliaga sobre la intención de ingresar al área protegida del TIPNIS. El dirigente aseguró que “hay una desigualdad criminal en la distribución y tenencia de terrenos. Los indígenas, cada uno, tienen más de 20.000 hectáreas, mientras que nosotros apenas contamos con una a cinco hectáreas. Por eso, tarde o temprano, independientemente de que se construya o no la carretera (tramo II entre Villa Tunari y San Ignacio de Moxos, que atraviesa por la mitad del TIPNIS), nos vamos a entrar, sin depredar la naturaleza ni para plantar coca, sino para poder sacar nuestros productos a los mercados del país y producir oleaginosas, arroz y fruta. Traspasaremos el Polígono siete (territorio en el sur del área donde están asentados legalmente los cocaleros) para tener más tierras”.
Chávez aclaró que “nadie les dice que nos vendan sus tierras para aparecer sin tierra y después piden más. Aquí debería haber un principio único para todos, en el que se registren las ventas y la propiedad, porque, si no, vamos a seguir en el error de creer que faltan áreas de cultivos a estos sectores”.
SE RESPONDERÁ CON PAZ a LA VIOLENCIA. Frente a las amenazas de los cocaleros del Chapare y de Aliaga, Chávez ratificó que “la marcha será pacífica, y si ellos cometen el error de pelear, nosotros no vamos a enfrentarnos, responderemos con paz. Hemos hecho manifestaciones, de la manera más humilde y pacífica, por el respeto a nuestros derechos”.
Detalló que los preparativos continúan. La Cidob ultima detalles para preparar los campamentos que albergarán a los marchistas que el 15 de agosto partirán de Trinidad hacia La Paz. “Estamos preparados para enfrentar el desafío.”
Entretanto, el senador masista Eduardo Maldonado admitió que no conoce el asunto, mientras que el diputado Javier Zabaleta enfatizó en que “si el problema pasa por la tenencia de tierras, hay que darles a los colonizadores más áreas en el TIPNIS”.
500 mil árboles serán derribados para construir la carretera del TIPNIS, aseguró Edwin Alvarado, de Lidema.
El dirigente campesino Freddy Torrejón dijo que la Confederación pretende la modificación de la Ley del Servicio Nacional de Reforma Agraria con una nueva distribución de tierras, conforme manda la Ley de Revolución Productiva que exige la ampliación de la frontera agrícola, por lo que cabe la posibilidad de modificar las TCO indígenas.
Entretanto, el presidente Evo Morales acusó de enemigos de Bolivia “a quienes se oponen a la carretera” y el ministro Wálter Delgadillo acusó a los medios masivos de recurrir a “refritos” para mantener en agenda esta polémica.
Fuente: La Prensa
lunes, 25 de julio de 2011
Fijan 3 años para atender en idioma nativo en el Estado
Proyecto. Instituciones privadas están obligadas a aplicar la ley
Sectores sociales entregaron al Legislativo un proyecto de ley que fija un plazo de tres años para que funcionarios públicos y administradores de justicia aprendan y presten servicios en uno de los 36 idiomas nativos. Las instituciones privadas están obligadas a aplicar la ley.
Vicepresidencia. Hubo un ritual andino en el acto de entrega a García (c) del proyecto de ley.
El proyecto de Ley General de Derechos y Políticas Lingüísticas tiene por objetivo reconocer, proteger, promover, difundir, desarrollar y regular los derechos lingüísticos individuales y colectivos. El documento fue presentado al vicepresidente Álvaro García por un bloque de 15 sectores sociales, entre ellos campesinos e indígenas.
El parágrafo II del artículo 13 de la propuesta refiere que “el estudiante monolingüe castellano hablante tiene el derecho y la obligación de aprender un idioma indígena originario campesino, predominante en la región, como segunda lengua”. También plantea promover en la educación superior el desarrollo de conocimientos en áreas como idiomas originarios.
La Constitución Política del Estado reconoce 36 nacionalidades, y como oficiales sus idiomas, entre ellos el aymara, quechua, araona, baure, bésiro, canichana, cavineño, cayubaba, chácobo, chimane, ese ejja, guaraní, itonoma, leco y machajuyay-kallawaya.
García destacó la importancia de la iniciativa legal porque se complementa con la Ley de Educación Avelino Siñani-Elizardo Pérez. “A partir de ello el sistema educativo, la administración pública y la administración de justicia, la plurinacionalidad, igualdad de pueblos, de idiomas, de culturas, de apellidos, de vestimentas, de colores y de piel, serán una realidad”.
El proyecto, efectivamente, legisla sobre la cosa pública. “El personal que preste servicios al público debe conocer el idioma indígena originario campesino del territorio y atender en éste”, prevé el artículo 22, pero también propone al sector público y privado privilegiar en la contratación de personal a quienes hablen un idioma nativo.
Asimismo, refiere que en la administración de justicia toda persona tiene derecho a ser atendida en su propio idioma. “En los tribunales de justicia, toda persona tiene derecho a usar su propio idioma de manera oral y escrita de acuerdo al principio de territorialidad”, propone el parágrafo II de la propuesta de ley.
García se comprometió ante los sectores sociales a acelerar la aprobación de la norma en la Asamblea Legislativa, controlada por el Movimiento Al Socialismo (MAS). “Este proyecto de ley viene de las organizaciones sociales, como la promulgada por el presidente Evo Morales, de Revolución Productiva. Les puedo garantizar que la Asamblea aprobará como rayo la norma porque viene desde el pueblo”.
La propuesta otorga un plazo de tres años a los funcionarios públicos para aprender un idioma nativo de su región. En caso de no hacerlo, serán sancionados. En materia de medios de comunicación, se plantea que los hablantes de los idiomas oficiales tienen derecho a dar y recibir información oral, escrita, audiovisual y otras en sus idiomas propios por los medios de comunicación masiva.
Las instituciones privadas tienen la obligación de acatar y aplicar esta norma.
Idiomas Patrimonio
El proyecto de ley, a través del artículo 7, declara a los 36 idiomas existentes en el territorio nacional como Patrimonio Oral Intangible Histórico y Cultural de las naciones y pueblos indígena originario campesinos del Estado y humanidad.
Fuente: La Razón
Sectores sociales entregaron al Legislativo un proyecto de ley que fija un plazo de tres años para que funcionarios públicos y administradores de justicia aprendan y presten servicios en uno de los 36 idiomas nativos. Las instituciones privadas están obligadas a aplicar la ley.
Vicepresidencia. Hubo un ritual andino en el acto de entrega a García (c) del proyecto de ley.
El proyecto de Ley General de Derechos y Políticas Lingüísticas tiene por objetivo reconocer, proteger, promover, difundir, desarrollar y regular los derechos lingüísticos individuales y colectivos. El documento fue presentado al vicepresidente Álvaro García por un bloque de 15 sectores sociales, entre ellos campesinos e indígenas.
El parágrafo II del artículo 13 de la propuesta refiere que “el estudiante monolingüe castellano hablante tiene el derecho y la obligación de aprender un idioma indígena originario campesino, predominante en la región, como segunda lengua”. También plantea promover en la educación superior el desarrollo de conocimientos en áreas como idiomas originarios.
La Constitución Política del Estado reconoce 36 nacionalidades, y como oficiales sus idiomas, entre ellos el aymara, quechua, araona, baure, bésiro, canichana, cavineño, cayubaba, chácobo, chimane, ese ejja, guaraní, itonoma, leco y machajuyay-kallawaya.
García destacó la importancia de la iniciativa legal porque se complementa con la Ley de Educación Avelino Siñani-Elizardo Pérez. “A partir de ello el sistema educativo, la administración pública y la administración de justicia, la plurinacionalidad, igualdad de pueblos, de idiomas, de culturas, de apellidos, de vestimentas, de colores y de piel, serán una realidad”.
El proyecto, efectivamente, legisla sobre la cosa pública. “El personal que preste servicios al público debe conocer el idioma indígena originario campesino del territorio y atender en éste”, prevé el artículo 22, pero también propone al sector público y privado privilegiar en la contratación de personal a quienes hablen un idioma nativo.
Asimismo, refiere que en la administración de justicia toda persona tiene derecho a ser atendida en su propio idioma. “En los tribunales de justicia, toda persona tiene derecho a usar su propio idioma de manera oral y escrita de acuerdo al principio de territorialidad”, propone el parágrafo II de la propuesta de ley.
García se comprometió ante los sectores sociales a acelerar la aprobación de la norma en la Asamblea Legislativa, controlada por el Movimiento Al Socialismo (MAS). “Este proyecto de ley viene de las organizaciones sociales, como la promulgada por el presidente Evo Morales, de Revolución Productiva. Les puedo garantizar que la Asamblea aprobará como rayo la norma porque viene desde el pueblo”.
La propuesta otorga un plazo de tres años a los funcionarios públicos para aprender un idioma nativo de su región. En caso de no hacerlo, serán sancionados. En materia de medios de comunicación, se plantea que los hablantes de los idiomas oficiales tienen derecho a dar y recibir información oral, escrita, audiovisual y otras en sus idiomas propios por los medios de comunicación masiva.
Las instituciones privadas tienen la obligación de acatar y aplicar esta norma.
Idiomas Patrimonio
El proyecto de ley, a través del artículo 7, declara a los 36 idiomas existentes en el territorio nacional como Patrimonio Oral Intangible Histórico y Cultural de las naciones y pueblos indígena originario campesinos del Estado y humanidad.
Fuente: La Razón
Proponen que medios emitan noticias en lenguas originarias
PLANTEAMIENTO La norma, elaborada por varias organizaciones, busca preservar los idiomas en peligro de extinción. La Asamblea Legislativa agilizará su aprobación.
El Vicepresidente recibe el proyecto de ley, ayer.
U n proyecto de ley busca que los medios escritos, orales y visuales cuenten con pequeños espacios para emitir noticias en lenguas originarias, de acuerdo a la región donde se publique o se emita el medio de comunicación. El vicepresidente Álvaro García Linera impulsará su aprobación.
El parágrafo dos del artículo 19 del proyecto denominado Ley General de Derechos y Políticas Lingüísticas indica: “Los medios de comunicación social implementarán obligatoriamente en sus espacios de programación el uso de los idiomas indígena, originario campesino, de acuerdo al contexto territorial, lingüístico”.
La propuesta fue elaborada por la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB), el Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Quollasuyu (Conamaq) y otras organizaciones sociales, además de los ministerios de Educación y Cultura y la Facultad de Lingüística de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA).
El secretario de educación y cultura de la CSUTCB, Licarión Soto, afirmó que con la aplicación de la norma todos los medios “deberán tener microformatos informativos en cualquiera de las 36 lenguas (de acuerdo a la región donde se ubiquen) para que la gente que no sabe el castellano también se informe”.
Explicó que la propuesta apunta a proteger y promover las 36 lenguas que hay en el país.
Además para la recuperación, revitalización y el desarrollo de los idiomas que están en riesgo de extinción, como el tupiguaraní y el pano, “que sólo los hablan 30 personas, por idioma”, se trabajó en el proyecto de ley.
La propuesta también plantea que las lenguas en situación de riesgo reciban atención prioritaria. Es decir, se investigará y publicará diversos tipos de textos a fin de preservarlas.
En este marco, explicó Soto, en el país se declarará a todos los idiomas como patrimonio oral, intangible, histórico y cultural plurinacional boliviano y de la humanidad.
El proyecto fue presentado ayer al vicepresidente Álvaro García Linera, quien al momento de recibir afirmó que, como presidente de la Asamblea Legislativa, priorizará el análisis de la propuesta para que se apruebe lo antes posible.
“Los idiomas de nuestros pueblos -enfatizó- los tenemos que aprender obligatoriamente, desde que vamos a la escuela, secundaria y universidad”.
La propuesta
Fuente: Pagina siete
El Vicepresidente recibe el proyecto de ley, ayer.
U n proyecto de ley busca que los medios escritos, orales y visuales cuenten con pequeños espacios para emitir noticias en lenguas originarias, de acuerdo a la región donde se publique o se emita el medio de comunicación. El vicepresidente Álvaro García Linera impulsará su aprobación.
El parágrafo dos del artículo 19 del proyecto denominado Ley General de Derechos y Políticas Lingüísticas indica: “Los medios de comunicación social implementarán obligatoriamente en sus espacios de programación el uso de los idiomas indígena, originario campesino, de acuerdo al contexto territorial, lingüístico”.
La propuesta fue elaborada por la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB), el Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Quollasuyu (Conamaq) y otras organizaciones sociales, además de los ministerios de Educación y Cultura y la Facultad de Lingüística de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA).
El secretario de educación y cultura de la CSUTCB, Licarión Soto, afirmó que con la aplicación de la norma todos los medios “deberán tener microformatos informativos en cualquiera de las 36 lenguas (de acuerdo a la región donde se ubiquen) para que la gente que no sabe el castellano también se informe”.
Explicó que la propuesta apunta a proteger y promover las 36 lenguas que hay en el país.
Además para la recuperación, revitalización y el desarrollo de los idiomas que están en riesgo de extinción, como el tupiguaraní y el pano, “que sólo los hablan 30 personas, por idioma”, se trabajó en el proyecto de ley.
La propuesta también plantea que las lenguas en situación de riesgo reciban atención prioritaria. Es decir, se investigará y publicará diversos tipos de textos a fin de preservarlas.
En este marco, explicó Soto, en el país se declarará a todos los idiomas como patrimonio oral, intangible, histórico y cultural plurinacional boliviano y de la humanidad.
El proyecto fue presentado ayer al vicepresidente Álvaro García Linera, quien al momento de recibir afirmó que, como presidente de la Asamblea Legislativa, priorizará el análisis de la propuesta para que se apruebe lo antes posible.
“Los idiomas de nuestros pueblos -enfatizó- los tenemos que aprender obligatoriamente, desde que vamos a la escuela, secundaria y universidad”.
La propuesta
- Artículo 12 Las naciones y pueblos indígena originario campesinos, como parte de la sociedad civil organizada y de conformidad con la Constitución Política del Estado y la Ley Educativa, tienen derecho a participar en el diseño, planificación, ejecución y control de las políticas públicas relativas a los idiomas indígena originario campesino.
- Artículo 13 Parágrafo I, los estudiantes de todos los niveles, ciclos y áreas; modalidades regular y alternativa; formación de maestros y superior del sistema educativo plurinacional, tienen derecho a recibir una educación intracultural, intercultural y plurilingüe en su idioma materno.
- Parágrafo II El estudiante monolingüe castellano hablante tiene el derecho y la obligación de aprender un idioma indígena predominante en la región.
- Artículo 20 Todo habitante tiene derecho a recibir atención en su idioma indígena, en toda gestión que realice en cualquier repartición de la administración pública.
- Artículo 25 En la administración de justicia toda persona tiene derecho a ser atendido en su propio idioma.
- Artículo 26 Toda persona involucrada en procesos judiciales que no comprenda el idioma castellano tiene derecho a ser asistido gratuitamente por un traductor o intérprete.
Fuente: Pagina siete
Ley busca respeto a la identidad lingüística
La norma fue trabajada por el bloque educativo indígena originario campesino
“En castellano nos imponen: ‘hablar’ se escribe con hache y punto. En cambio, a nosotros (los indígenas, originarios y campesinos) nadie nos dice: ‘janiwa’ se escribe con jota o con equis. Es hora de empezar a darle identidad a la nuestra lengua”.
Así entiende Licarión Soto Mamani, el secretario de Educación y Cultura y presidente de la Comisión Social de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), la importancia de contar con una ley de derechos lingüísticos.
Ayer, el bloque educativo indígena originario presentó al vicepresidente Álvaro García el proyecto de Ley General de Derechos y Políticas Lingüísticas. La propuesta, adelantó el Segundo Mandatario, será socializada y derivada a la Asamblea Legislativa Plurinacional para su tratamiento y “aprobación inmediata”.
Soto explicó que la propuesta fue generada por la CSUTCB, la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB), el Consejo Nacional de Ayllus y Marcas del Qullasuyu (Conamaq), la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales de Bolivia (CSCIB) y la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígena Originarias de Bolivia Bartolina Sisa (CNMCIOB-BS). Además de los Consejos Educativos de Pueblos Originarios de Bolivia (Cepos), en coordinación con los ministerios de Educación, Cultura y las universidades indígenas, entre otras entidades.
La iniciativa se respalda en el reconocimiento constituido de las lenguas y las culturas en el Estado Plurinacional y el impulso de la Ley de la Educación Avelino Siñani-Elizardo Pérez, que en su artículo 88 establece la creación del Instituto Plurinacional de Estudio de Lenguas y Culturas, que será descentralizado del Ministerio de Educación y se encargará de desarrollar los procesos de investigación lingüística y cultural.
Soto explicó que desde hace más de 10 años, tras la creación de los Cepos, considerados el brazo técnico de las organizaciones sociales en educación, se fueron construyendo las bases de la propuesta a partir de las 36 lenguas y de todos los pueblos.
“(Hemos seguido) el proceso de socialización en las 36 lenguas y en todos los pueblos de todas las organizaciones sociales, donde hemos conjuncionado para tener un proyecto de ley consensuado y listo para entregar a la Asamblea Legislativa”, señaló.
CONTENIDO DEL PROYECTO
La propuesta contiene 11 capítulos, 31 artículos y cuatro disposiciones transitorias y una final.
Entre otras prescripciones, declara los idiomas indígena originario campesinos como “patrimonio oral, intangible, histórico y cultural de las naciones y pueblos indígena originario campesinos. También delega al Estado la atención prioritaria a los idiomas en “peligro de extinción”.
A su vez, exige el “uso obligatorio” de las lenguas originarias en las instituciones públicas y privadas, como establece la Constitución.
En el sistema de educación, señala que el estudiante monolingüe tiene el “derecho y la obligación” de aprender el idioma indígena originario campesino predominante en la región, como segunda lengua.
Respecto a la educación superior, establece que en etapa de formación se promueva el uso oral y escrito de los idiomas indígenas en todo el proceso pedagógico y se documente.
Entre las propuestas novedosas se cuenta la incorporación de las lenguas nativas en las nuevas tecnologías de la información y comunicación (NTIC) para el desarrollo.
En el campo de los medios de comunicación, se propone que en el marco de los derechos al lenguaje en los medios se pluralice la información oral y escrita, así como se ejerciten los derechos de los hablantes a expresarse en su propia lengua.
Al precisar los alcances en el ámbito del servicio público, plantea que se planifique la cantidad de funcionarios en función de la demanda de la población, lingüísticamente hablando. Asimismo, se ponderará la contratación de funcionarios competentes comunicativamente en idiomas originarios.
Otra iniciativa del proyecto se refiere a traductores gratuitos de idiomas nativos en los procesos judiciales.
La decisión política del gobierno de Evo Morales de apoyar a la futura norma, de acuerdo con el Vicepresidente, se sustenta en el artículo cinco de la Constitución, donde se estable que así como el castellano es oficial del Estado Plurinacional de Bolivia, lo son también todos los idiomas de las naciones y pueblos indígena originarios asentados en la geografía nacional.
Se debe reconocer la escritura indígena de los nombres
La propuesta de Ley Sobre los Derechos y Políticas Lingüísticas pide el reconocimiento del derecho a usar en forma oral y escrita las toponimias, zoonimias, fitonimias y otros en lengua propia, en un marco de promoción y respeto al origen, la lengua y la cultura.
La toponimia se refiere al uso de los nombres propios de un lugar, la zoonimia es el conjunto de los nombres de animales de una región y la fitonimia se relaciona con los nombres originales de las plantas.
La propuesta presentada determina que “la sociedad civil, militar, policial, las entidades eclesiásticas y todas las instancias del Estado Plurinacional están obligadas a respetar y promover el uso y desarrollo de los nombres que identifican a las personas en idiomas indígena originario campesinos”. Como uno de los mecanismos de reconocimiento —señala el proyecto— está el “desarrollo de manera progresiva de la escritura normalizada de los idiomas, recuperando las toponimias, zoonimias y fitonimias.
Además, señala que “cualquier traducción a otros idiomas debe evitar las denominaciones confusas o despectivas, o no aceptadas por los propios interesados”.
Según Licarión Soto Mamani, secretario de Educación y Cultura de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, por la discriminación muchos indígenas sufrieron un rechazo, por su manera de hablar o el uso de nombres nativos, que llevó “incluso al cambio de nombres y apellidos”.
Pueblo mojeño recupera su antiguo idioma
El pueblo mojeño, si bien aceptó para sí los ritos y costumbres de la Iglesia Católica, jamás se deshizo de su cultura, de su idioma.
Hoy, San Ignacio de Mojos, Beni, defiende orgullosa su lengua, denominada “mojeño ignaciano”, que goza de buena salud pese a que proviene de una familia lingüística no conocida.
Las vocales de la lengua mojeña son cuatro: a, e, i, u, y su alfabeto consta de 20 letras, según establece la compilación del libro Alfabetos Normalizados del Ministerio de Educación.
“Somos de raíces bien mojeñas… hasta nuestros apellidos son mojeños”, cuenta Flora Moy, quien está empeñada en que sus nietos aprendan el idioma de sus abuelos y tatarabuelos.
Los abuelos aún narran las aventuras del antiguo cacique Yucu, en lengua mojeña, y usan para sí el achu, una máscara de madera que representa al conquistador español de quien se mofan en fiestas patronales.
Causas en el proceso de extinción
La migración, la cantidad de población que conserva un idioma nativo, la falta de políticas de reconocimiento de la riqueza lingüística y la discriminación social por la lengua y la cultura están entre los elementos que amenazan la extinción de algunas lenguas nativas.
Éstos son parte de los argumentos que expresó Licarión Soto Mamani, ejecutivo de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), en el marco de la presentación del proyecto lingüístico realizado ayer.
Un mecanismo de preservación, explicó Soto, se dará en el terreno educativo, donde se espera que se generen textos.
“En la ley se pide que a partir del currículo regionalizado se implemente progresivamente la educación lingüística”, señaló.
Esperamos que se produzcan textos en el ámbito educativo, “textos con inter e intraculturalidad”, explicó el ejecutivo de la CSUTCB.
LENGUAS Y POBLACIÓN
Pueblo Población
Aimara 1.470.000
Quechua 2.150.000
Uru 1.500
Guarani 90.000
Tapieté 70
Weenhayek 3.000
Ayoreo 3.000
Chuiquitano 110.000
Guarayo 8.000
Araona 100
Baure 600
Canichana 600
Cavineño 1.800
Cayuvaba 900
Chácobo 800
Esse-ejja 600
Guarasug’we 30
Itanoma 5.500
Joaquiniano 2.500
Leco 2.500
Machineri 150
Pueblo Población
Maropa (Reyesana) 4.100
Moxeño (Ignaciano) 2.000
Moxeño (Javeriano) 300
Moxeño (Loretano) 2.200
Mojeño (Trinitario) 30.000
Moré 120
Mosetén 2.200
Movima 7.500
Pakahuara 30
Sirionó 500
Tacana 5.500
Tsimane 6.000
Yaminahua 200
Yuki 120
Yuracaré 3.500
Fuente: Plaza y Carvajal 1985, Censo indígena 1994, Albó 1995 y PROEIB Andes 2001
Fuente: Periódico CAMBIO
“En castellano nos imponen: ‘hablar’ se escribe con hache y punto. En cambio, a nosotros (los indígenas, originarios y campesinos) nadie nos dice: ‘janiwa’ se escribe con jota o con equis. Es hora de empezar a darle identidad a la nuestra lengua”.
Así entiende Licarión Soto Mamani, el secretario de Educación y Cultura y presidente de la Comisión Social de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), la importancia de contar con una ley de derechos lingüísticos.
Ayer, el bloque educativo indígena originario presentó al vicepresidente Álvaro García el proyecto de Ley General de Derechos y Políticas Lingüísticas. La propuesta, adelantó el Segundo Mandatario, será socializada y derivada a la Asamblea Legislativa Plurinacional para su tratamiento y “aprobación inmediata”.
Soto explicó que la propuesta fue generada por la CSUTCB, la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB), el Consejo Nacional de Ayllus y Marcas del Qullasuyu (Conamaq), la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales de Bolivia (CSCIB) y la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígena Originarias de Bolivia Bartolina Sisa (CNMCIOB-BS). Además de los Consejos Educativos de Pueblos Originarios de Bolivia (Cepos), en coordinación con los ministerios de Educación, Cultura y las universidades indígenas, entre otras entidades.
La iniciativa se respalda en el reconocimiento constituido de las lenguas y las culturas en el Estado Plurinacional y el impulso de la Ley de la Educación Avelino Siñani-Elizardo Pérez, que en su artículo 88 establece la creación del Instituto Plurinacional de Estudio de Lenguas y Culturas, que será descentralizado del Ministerio de Educación y se encargará de desarrollar los procesos de investigación lingüística y cultural.
Soto explicó que desde hace más de 10 años, tras la creación de los Cepos, considerados el brazo técnico de las organizaciones sociales en educación, se fueron construyendo las bases de la propuesta a partir de las 36 lenguas y de todos los pueblos.
“(Hemos seguido) el proceso de socialización en las 36 lenguas y en todos los pueblos de todas las organizaciones sociales, donde hemos conjuncionado para tener un proyecto de ley consensuado y listo para entregar a la Asamblea Legislativa”, señaló.
CONTENIDO DEL PROYECTO
La propuesta contiene 11 capítulos, 31 artículos y cuatro disposiciones transitorias y una final.
Entre otras prescripciones, declara los idiomas indígena originario campesinos como “patrimonio oral, intangible, histórico y cultural de las naciones y pueblos indígena originario campesinos. También delega al Estado la atención prioritaria a los idiomas en “peligro de extinción”.
A su vez, exige el “uso obligatorio” de las lenguas originarias en las instituciones públicas y privadas, como establece la Constitución.
En el sistema de educación, señala que el estudiante monolingüe tiene el “derecho y la obligación” de aprender el idioma indígena originario campesino predominante en la región, como segunda lengua.
Respecto a la educación superior, establece que en etapa de formación se promueva el uso oral y escrito de los idiomas indígenas en todo el proceso pedagógico y se documente.
Entre las propuestas novedosas se cuenta la incorporación de las lenguas nativas en las nuevas tecnologías de la información y comunicación (NTIC) para el desarrollo.
En el campo de los medios de comunicación, se propone que en el marco de los derechos al lenguaje en los medios se pluralice la información oral y escrita, así como se ejerciten los derechos de los hablantes a expresarse en su propia lengua.
Al precisar los alcances en el ámbito del servicio público, plantea que se planifique la cantidad de funcionarios en función de la demanda de la población, lingüísticamente hablando. Asimismo, se ponderará la contratación de funcionarios competentes comunicativamente en idiomas originarios.
Otra iniciativa del proyecto se refiere a traductores gratuitos de idiomas nativos en los procesos judiciales.
La decisión política del gobierno de Evo Morales de apoyar a la futura norma, de acuerdo con el Vicepresidente, se sustenta en el artículo cinco de la Constitución, donde se estable que así como el castellano es oficial del Estado Plurinacional de Bolivia, lo son también todos los idiomas de las naciones y pueblos indígena originarios asentados en la geografía nacional.
Se debe reconocer la escritura indígena de los nombres
La propuesta de Ley Sobre los Derechos y Políticas Lingüísticas pide el reconocimiento del derecho a usar en forma oral y escrita las toponimias, zoonimias, fitonimias y otros en lengua propia, en un marco de promoción y respeto al origen, la lengua y la cultura.
La toponimia se refiere al uso de los nombres propios de un lugar, la zoonimia es el conjunto de los nombres de animales de una región y la fitonimia se relaciona con los nombres originales de las plantas.
La propuesta presentada determina que “la sociedad civil, militar, policial, las entidades eclesiásticas y todas las instancias del Estado Plurinacional están obligadas a respetar y promover el uso y desarrollo de los nombres que identifican a las personas en idiomas indígena originario campesinos”. Como uno de los mecanismos de reconocimiento —señala el proyecto— está el “desarrollo de manera progresiva de la escritura normalizada de los idiomas, recuperando las toponimias, zoonimias y fitonimias.
Además, señala que “cualquier traducción a otros idiomas debe evitar las denominaciones confusas o despectivas, o no aceptadas por los propios interesados”.
Según Licarión Soto Mamani, secretario de Educación y Cultura de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, por la discriminación muchos indígenas sufrieron un rechazo, por su manera de hablar o el uso de nombres nativos, que llevó “incluso al cambio de nombres y apellidos”.
Pueblo mojeño recupera su antiguo idioma
El pueblo mojeño, si bien aceptó para sí los ritos y costumbres de la Iglesia Católica, jamás se deshizo de su cultura, de su idioma.
Hoy, San Ignacio de Mojos, Beni, defiende orgullosa su lengua, denominada “mojeño ignaciano”, que goza de buena salud pese a que proviene de una familia lingüística no conocida.
Las vocales de la lengua mojeña son cuatro: a, e, i, u, y su alfabeto consta de 20 letras, según establece la compilación del libro Alfabetos Normalizados del Ministerio de Educación.
“Somos de raíces bien mojeñas… hasta nuestros apellidos son mojeños”, cuenta Flora Moy, quien está empeñada en que sus nietos aprendan el idioma de sus abuelos y tatarabuelos.
Los abuelos aún narran las aventuras del antiguo cacique Yucu, en lengua mojeña, y usan para sí el achu, una máscara de madera que representa al conquistador español de quien se mofan en fiestas patronales.
Causas en el proceso de extinción
La migración, la cantidad de población que conserva un idioma nativo, la falta de políticas de reconocimiento de la riqueza lingüística y la discriminación social por la lengua y la cultura están entre los elementos que amenazan la extinción de algunas lenguas nativas.
Éstos son parte de los argumentos que expresó Licarión Soto Mamani, ejecutivo de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), en el marco de la presentación del proyecto lingüístico realizado ayer.
Un mecanismo de preservación, explicó Soto, se dará en el terreno educativo, donde se espera que se generen textos.
“En la ley se pide que a partir del currículo regionalizado se implemente progresivamente la educación lingüística”, señaló.
Esperamos que se produzcan textos en el ámbito educativo, “textos con inter e intraculturalidad”, explicó el ejecutivo de la CSUTCB.
LENGUAS Y POBLACIÓN
Pueblo Población
Aimara 1.470.000
Quechua 2.150.000
Uru 1.500
Guarani 90.000
Tapieté 70
Weenhayek 3.000
Ayoreo 3.000
Chuiquitano 110.000
Guarayo 8.000
Araona 100
Baure 600
Canichana 600
Cavineño 1.800
Cayuvaba 900
Chácobo 800
Esse-ejja 600
Guarasug’we 30
Itanoma 5.500
Joaquiniano 2.500
Leco 2.500
Machineri 150
Pueblo Población
Maropa (Reyesana) 4.100
Moxeño (Ignaciano) 2.000
Moxeño (Javeriano) 300
Moxeño (Loretano) 2.200
Mojeño (Trinitario) 30.000
Moré 120
Mosetén 2.200
Movima 7.500
Pakahuara 30
Sirionó 500
Tacana 5.500
Tsimane 6.000
Yaminahua 200
Yuki 120
Yuracaré 3.500
Fuente: Plaza y Carvajal 1985, Censo indígena 1994, Albó 1995 y PROEIB Andes 2001
Fuente: Periódico CAMBIO
miércoles, 13 de julio de 2011
Indígenas exigen al Gobierno acelerar elaboración de currículos regionalizados
El director del Centro Amazónico Multiétnico, Pedro Moye, exigió al ministro de Educación, Roberto Aguilar, acelerar el trabajo de elaboración de sus currículos regionalizados, que se viene realizando desde el año pasado, para que sean implementados a partir de la gestión 2012.
Denunció que al interior del Ministerio de Educación no existen personas capacitadas y que conozcan la realidad de los pueblos indígenas del Chaco, oriente y amazonia, lo que dificulta la consolidación de una educación plurilingüe enmarcada en un currículo nacional.
Moye indicó que los pueblos indígenas de tierras bajas ya han presentado su propuesta para la creación de este currículo regionalizado, que está basado en su autonomía, en la diversidad de sus saberes y conocimientos, en servicio al interés cultural que tienen las naciones originarias de tierras bajas.
“Es un proceso el que plantea el Ministerio de Educación, pero falta ajustar una decisión política para asumir esta responsabilidad que es una legitima demanda de inclusión social de los pueblos indígenas”, sostuvo.
Los pueblos indígenas aspiran a implementar estos currículos regionalizados que respondan a las características de un verdadero Estado Plurinacional, tanto en el área urbana como rural.
Fuente: ERBOL
Denunció que al interior del Ministerio de Educación no existen personas capacitadas y que conozcan la realidad de los pueblos indígenas del Chaco, oriente y amazonia, lo que dificulta la consolidación de una educación plurilingüe enmarcada en un currículo nacional.
Moye indicó que los pueblos indígenas de tierras bajas ya han presentado su propuesta para la creación de este currículo regionalizado, que está basado en su autonomía, en la diversidad de sus saberes y conocimientos, en servicio al interés cultural que tienen las naciones originarias de tierras bajas.
“Es un proceso el que plantea el Ministerio de Educación, pero falta ajustar una decisión política para asumir esta responsabilidad que es una legitima demanda de inclusión social de los pueblos indígenas”, sostuvo.
Los pueblos indígenas aspiran a implementar estos currículos regionalizados que respondan a las características de un verdadero Estado Plurinacional, tanto en el área urbana como rural.
Fuente: ERBOL
martes, 28 de junio de 2011
TIPNIS: Los originarios se movilizarán en agosto en contra de la carretera Villa Tunari - San Ignacio de Moxos
Adolfo Chávez, presidente de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB), dio a conocer ayer que los del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) preparan una masiva marcha para agosto, en contra de la construcción del tramo II de la carretera interdepartamental Villa Tunari-San Ignacio de Moxos.
Al respecto, Julio Salazar (MAS), senador y exdirigente cocalero del trópico de Cochabamba, admitió que Brasil se beneficiará con ese megaproyecto y otro que se prevén llevar adelante en la zona oriental y norte del país.
“Hay preocupación de parte de los hermanos indígenas (yuracarés, moxeños, chimanes) sobre la construcción de esta carretera, por eso, se ha decidido convocar a una movilización”.
Chávez formuló esas declaraciones horas después de cerrar la reunión con los originarios de la zona que, liderados por Adolfo Moye, presidente de la Subcentral indígena de TIPNIS, se resisten a la construcción del tramo que atraviesa el área protegida y exigen utilizar una vía alterna por el oeste para bordear el territorio.
OTRA ALTERNATIVA. Moye dijo que no se descarta el diálogo con el Gobierno nacional, que, días atrás, envió una comisión a la zona limítrofe entre Beni y Cochabamba para negociar la construcción de la vía.
Entretanto, la premisa para Moye y sus dirigidos es la defensa del ecosistema y la forma de vida de las más de 40 comunidades que viven en el TIPNIS, además del evitar un presunto avasallamiento de tierras por parte de los colonos cocaleros más allá de la denominada “línea roja”.
LA OTRA POSICIÓN. Por su parte, el senador oficialista Julio Salazar, al ser consultado sobre el problema que enfrenta a los comunarios con el sector cocalero, del que proviene, negó cualquier avasallamiento de tierras.
Explicó a La Prensa, que dentro de los megaproyectos en territorio boliviano, sobre todo el que involucra a TIPNIS y el de la Hidroeléctrica en Cachuela Esperanza, del norte del país, cuyo costo sobrepasa los 1.500 millones de dólares, se incluye el beneficio económico para Brasil, por ser el mercado más vistoso para el país en la exportación y la venta de energía eléctrica.
“Brasil nos ayuda, y claro que se beneficiará también (…) es el mercado más importante (de Latinoamérica) y al que tenemos que destinar buena parte de nuestra producción”.
Buscan preservar las bondades del TIPNIS
Los comunarios pretenden luchar por la conservación de la alta diversidad biológica del TIPNIS, que incorpora cuatro formaciones vegetales. Éstas son:
- Sabanas inundables de los llanos de Moxos: únicas en el mundo, con gran variación de microrrelieve, tiene afinidades con el pantanal y los llanos colombianos. Humedales enormes e islotes de vegetación especial, presencia de especies acuáticas vistosas. Hay abundancia de aves, mamíferos y peces.
- Bosque amazónico subandino: esta ecorregión es un bosque húmedo siempre verde, alto, con varios estratos, frecuentes epífitas y lianas, con presencia de palmares de especies importantes.
- Bosque amazónico preandino: bosque húmedo, mayormente siempre verde, alto, árboles con aletones, presencia de emergentes, en ciertos lugares destruido (norte del PN Carrasco y del PN-ANMI Amboró), también presenta palmares.
- Yungas (boliviano-peruanos), zona muy rica en especies, además es un centro de variedad de familias vegetales, orquídeas y centro de diversidad de otros grupos dependientes de un clima húmedo.
“Brasil gana de dos formas”
De acuerdo con los especialistas investigadores del Foro Boliviano del Medio Ambiente (Fobomade) y el senador oficialista Julio Salazar, Brasil se beneficiará con el proyecto carretero Villa Tunari-San Ignacio de Moxos. La obra se construirá con un préstamo de 332 millones de dólares, desembolsado por el Banco Nacional del Desarrollo de Brasil, el 15 de febrero de 2011, a condición de que una empresa de ese país se haga cargo del trabajo.
En el segundo megaproyecto, la hidroeléctrica de Cachuela Esperanza, el vicepresidente Álvaro García Linera dio a conocer que se venderán los 1.000 megavatios que se producirán en la zona, de aquí a 10 años, al Brasil.
“Cocaleros devastan tierras”
Es la afirmación que hace la antropóloga e investigadora Marianela Luján, quien en 2008 realizó un estudio en el TIPNIS, donde vivió un año.
“El colono lotea, comercializa la tierra, donde ve un espacio libre, no hay cultivo o no está un indígena, se lo apropia asentándose en bloque (de 100 personas o más), éste es un aspecto cultural de los cocaleros de avanzar siempre en masa (gran cantidad de personas)”.
Explicó que lo peor es que en su afán de explotar la tierra, la hacen trabajar al máximo, sin el descanso regenerativo, por lo que en el primer año pueden cosechar de cuatro a seis veces. Sin embargo, cuando ya notan que la tierra está erosionada y no apta para continuar utilizándola, la venden a los nuevos colonos de la zona.
Para destacar
La ficha ambiental es el objetivo de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) para abrir la vía.
Los colonos emigran de minas de Potosí, de Oruro y en especial del trópico de Cochabamba.
Expansión económica. Estudiosos creen que la crisis de España acelera la migración a Brasil.
Área y factores
177 kilómetros de extensión tendrá el tramo II de la carretera. Al menos 100 kilómetros están habilitados como vía de tierra de ambos extremos de la zona, desde Isinuta a Ichoa y, al otro extremo, desde Campo Grande al Sécure.
50 kilómetros están en juego en este problema, asegura el senador del MAS Julio Salazar. Ese territorio fue declarado en 1990 como un área protegida y con extensiones vírgenes, que los comunarios utilizan para cultos y ritos.
3 factores: el agente humano, el agente patógeno y el medio ambiente son los que están en peligro con la construcción de la carretera, según el Fobomade. Por tal motivo, esa institución pide al Gobierno frenar la ejecución de la obra vial en esa zona.
Cristian Fournier
Fuente: La Prensa
lunes, 27 de junio de 2011
Gobierno y CPESC enjuiciarán a subgobernador que calificó de “lacra” al pueblo Ayoreo
El gobierno y la Coordinadora de Pueblos Étnicos de Santa Cruz (CPESC) anunciaron este domingo que enjuiciarán al subgobernador de la provincia Germán Busch del departamento de Santa Cruz, Sebastián Hurtado Rodríguez, por actos de discriminación y racismos tras calificar al pueblo Ayoreo de “lacra” y de “maldita” a la hoja coca.El ministro de la Presidencia, Carlos Romero, se mostró sorprendido con las declaraciones de la autoridad provincial en contra de ese pueblo indígena, puesto que están reconocidos por normas internacionales y la Constitución Política del Estado (CPE), por lo que según la autoridad Hurtado debe ser procesado.
“Se le debe aplicar la ley contra la Discriminación y el pueblo Ayoreo debe hacerlo para presentar precedentes. Son pueblos que tienen sus propias instituciones y organización jurídica y política. El mundo ha superado teséis en la que se decía que los indígenas eran barbaros”, declaró Romero en contacto telefónico con Erbol.
Explicó que el pueblo Aryoreo, que está esparcido en el sector Chiquitano de Santa Cruz, sufrió una doble exclusión; uno por la sociedad y por los propios indígenas, y que no llevan una vida fácil, lo que no es motivo para calificarlos de “lacra”.
En relación al denominativo de “maldita” a la hoja coca, Romero adelantó que se lo evaluará considerando que el gobierno del presidente Evo Morales busca despenalizarla y el reconocimiento del acullico en el mundo.
Por su parte el director de Descolonización, Idon Chivi, adelantó que esta semana se enviará a Santa Cruz un equipo del Viceministerio de Descolonización para sentar la denuncia ante el Ministerio Público, contra el subgobernador Sebastián Hurtado Rodríguez, por racismos y discriminación.
“Se ha cometido un delito y es obligación del Estado y de toda autoridad pública registrar el delito ante el Ministerio Público”, anunció.
En tanto que el presidente de la CPESC, Otto Chiqueno, indicó que pedirán al gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, la destitución de Hurtado Rodríguez. Así también lo denunciarán ante la justicia. “Vamos a sacarle una querella porque a estas alturas no podemos aguantar esto”, aseveró el indígena.
Lamentó que trate de esa forma a los indígenas del pueblo al que representa, sólo porque barran las calles, recolecten huevecillo de aves para venderlos y de que se dediquen a la artesanía, porque no tienen oportunidad a un trabajo fijo.
Finalmente el asambleísta indígena del pueblo Ayoreo, Subi Picanaray, informó que presentaron una carta al gobernador de Santa Cruz, en el que le piden la renuncia del subgobernador. “Queremos su revocatoria no puede ser que una autoridad actúe as i y al contrario debía preocuparse por los ayoreos. Él insulta a los ayoreos en las calles”.
Fuente: ERBOL
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